Se ha dicho ya que los Derechos Humanos pertenecen a todas y cada una de las personas como parte inherente a la vida y naturaleza humana. Pero, ¿qué pasa cuando alguna persona pertenece a un grupo discriminado históricamente y es condenado por la sociedad a una situación de vulnerabilidad?
Necesariamente surge la necesidad de brindarle una protección más amplia, no para sobreprotegerla y tratar de compensar las violaciones sufridas en sus derechos, sino para situarla en un plano de igualdad y equidad. Es así, como surgen los Derechos Humanos colectivos.
Ahora bien, ese reconocimiento y protección de sus derechos, además de necesario se convierte en obligatorio cuando la persona pertenece a un pueblo originario, ya que la sociedad moderna con sus acciones y omisiones no sólo los discrimina, oprime y los ha desplazado de su territorio, sino que ahora, pretende también, arrebatarles su identidad cultural.
Es lamentable ver que en la mayoría de las constituciones políticas de los países que conforman nuestra América Latina, existe un reconocimiento expreso del multiculturalismo. Por citar algunos ejemplos, en el caso de México los Derechos Humanos de los pueblos indígenas encuentran su fundamento en el Artículo 2 de la Constitución General. En el mismo sentido se pronuncia Venezuela en los artículos 119 y 124 de su Constitución; en la de Ecuador en los numerales 56 y 57; en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el artículo 30 y en Colombia en el numeral 7 de su máxima ley.
Afirmo que es lamentable, porque desde mi punto de vista, en un verdadero estado de derecho, los derechos humanos colectivos no deberían de existir. Es algo similar a lo expresado por el gran personaje colombiano Jaime Garzón, refiriéndose al texto del artículo 11 de la Constitución Política de su país, que establece que “nadie podrá ser sometido a trato cruel, trato inhumano o desaparición forzada”: ¡Imagínese esa vaina! Que una constitución de un país diga eso. Es algo así como llegar a una casa, de visita y dice: ‘por favor no se suene con el mantel’. Uno dice: ‘No, pues los que viven aquí son unas bellezas”.
Tristemente sabemos que para acceder a los derechos fundamentales de nuestras constituciones es necesario pelearnos contra el Estado, a través de una acción de tutela o el recurso de amparo.
Además, sería suficiente con la salvaguarda efectiva de los Derechos Humanos, esos que como ya se dijo, poseemos todas las personas y que nos sitúan en un plano de igualdad y libertad ante la ley, que nos garantizan la misma protección y trato de las autoridades, que nos prometen gozar de las mismas prerrogativas y oportunidades, que prohíben la discriminación y obligan al Estado a promover las condiciones para que el discurso sea real y efectivo, no sólo palabrerías o beneficio exclusivo de la oligarquía.
Sin embargo, en nuestra realidad esta discriminación positiva es absolutamente elemental, porque podemos observar la lucha diaria que enfrentan los pueblos indígenas por conservar su existencia, cultura e identidad.
Una lucha perceptible que va desde la infancia Odame y Raramuri de mi comunidad, hasta la niñez de La Guajira colombiana, en donde las vidas e ilusiones se apagan de manera literal por el hambre y la desnutrición; una batalla despiadada que entrelaza los nombres de Isidro Baldenegro López y Clodiode Aquileu Rodrígues de Souza: el primero un líder ecologista mexicano de origen Tarahumara, ganador del prestigioso premio Goldman, quien fue asesinado el 15 de enero de 2017, por defender su tierra; el segundo, un indígena brasilero de las etnias guaraní-kaiowá, que murió en circunstancias similares el 17 de junio de 2016.
Testimonios vivos como el caso de Teresa, Alberta y Jacinta, tres indígenas mexicanas que pasaron alrededor de cuatro años en prisión por cometer el ‘delito’ de ser indígenas, con los agravantes de ser mujeres y haber nacido pobres. ‘Chistecito’ que fue compensado con una disculpa pública del Procurador General de la República el pasado 22 de febrero.
Este intento por sobrevivir nos lleva a preguntarnos: ¿Qué bellezas legislativas, ejecutivas y judiciales se encuentran gobernando nuestros países? ¿Qué bellezas de ciudadanos ejercen su derecho al voto de una manera tan irresponsable? ¿Qué belleza de hermanos sin memoria son capaces de olvidar sus orígenes, de callar ante la injusticia, de convertirse en cómplices de un etnocidio universal?
¿Qué belleza de poesía romántica podemos encontrar en leyes nacionales e internacionales? como la intitulada ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas’.
A mí me parece que deberíamos dejar de sonarnos con el mantel.
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* Juan Carlos Guerra Gutiérrez es Licenciado en Derecho (Universidad de Sonora, México). Pasante de Maestría en Derecho y Ciencias Penales. Participó en el Programa de Intercambio Estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Diplomado en Habilidades Directivas (Instituto de Estudios Universitarios y Escuela de Comercio Internacional, Mercadotecnia, Comunicación y Turismo, de París, Francia). Ha sido asesor Jurídico del Ayuntamiento Municipal de Guadalupe y Calvo (Chihuahua); aval Ciudadano del Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo; meritorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla y del Estado de Sonora (México).