El video que muestra la cobarde y atroz paliza que le aplican una docena de miembros de la Guardia Nacional venezolana a un ciudadano inerme, en plena calle y a la luz del día, retrata lo peor y más bajo de la profundización de lo que algunos llaman “democracia popular avanzada”. Toda dictadura provoca náuseas, pero lo que sucede con la represión de la crimina camarilla socialistoide en Venezuela ya es demencial.
La combinación de todas las formas de lucha le impide al marxismo prescindir de cualquier maniobra con tal de aferrarse al poder. China, Corea del Norte, Camboya, Cuba, Nicaragua y Venezuela son claros ejemplos de lo que hacen para perpetuarse. Y también de la dificultad que hay para remover esos regímenes. Donde llegan, se quedan cueste lo que cueste.
Confiemos en que el hecho tangible e innegable de los resultados de la consulta popular sirva para encontrar una salida al desastre del llamado Socialismo del S. XXI. A esa consulta debe reconocérsele efecto vinculante.
Por estos lares, el proceso de implementación de los acuerdos entre el Gobierno y Farc no está siendo nada fácil. Al contrario, ha desnudado las múltiples diferencias de interpretación y alcance de su contenido, a veces diametralmente opuestas. Los temas van desde la amnistía de guerrilleros presos por graves infracciones al DIH, hasta la eventual inserción de miembros de las Farc en el sistema financiero. Y la opinión pública los rechaza de manera casi unánime.
En reciente debate sobre el asunto de la inserción en el sistema financiero, la analista económica Vanessa Vallejo refutó el criterio a la congresista Ángela Robledo al afirmar que no es posible trasgredir normas nacionales e internacionales que sustentan la confiabilidad del sistema bajo “el chantaje de moda: conseguir La Paz”. Bastaron décimas de segundo para que Robledo se descompusiera, descalificara al sistema entero y señalara al presidente de Asobancaria como “enemigo de La Paz”. Bonito así.
Mentideros de Palacio cuentan que algo similar les sucede a algunos funcionarios con delegados o voceros de las Farc cuando del tema se trata, con la diferencia de que estos apelan al insulto y a la amenaza para hacer prevalecer sus intereses. Y los hechos parecen demostrar que les funciona.
Aparte de que las Farc amenazan con tener un 'Plan B', ya es oficial su decisión de no devolver a los niños reclutados. Y que la plata guardada la van a usar para financiar su actividad política. Y silenciaron el tema de los secuestrados desaparecidos con “el compromiso” de aclarar todo ante la JEP, en unos 10 o 15 años. Y el asunto de las armas y las caletas quedó en manos de la Misión política de la ONU, sin mayor injerencia del gobierno.
Las pocas “líneas rojas” que quedaban después de la “transacción” que permitieron la Canciller Holguín y el senador Roy Barreras en La Habana, reconocida por el presidente, se diluyen y destiñen cada día que pasa.
Algunos dirán que ese tipo de imposiciones son normales en medio del “nuevo debate político” que nos ofrece “la transición de la guerra a La Paz”. Pero son chantajes. Las palizas no tienen que ser con garrote físico...
Mientras tanto, la Comisión de coadministración y Seguimiento de la Implementación (CSIVI), ese ente paritario Farc-Gobierno creado mediante decreto ordinario que pretende decidir sobre lo divino y lo humano del futuro de Colombia, tendrá un duro debate con la demanda presentada por un grupo de veteranos constitucionalistas. Difícil tarea tiene el ex Ministro Cristo en la justificación del cargo que hoy ostenta y en la defensa de la existencia y de las muy discutibles decisiones que quiere tomar esa comisión.
Como decía Sartre “nada ha cambiado y sin embargo todo existe de otra manera”, aunque hoy se oculte bajo los ropajes del populismo. Es necesario hacer prevalecer la Democracia Republicana frente a quienes la han atacado por décadas. No es hora de flaquezas.
Ñapa larga: Ríos de tinta han corrido defendiendo la Libertad de Expresión que también ampara a esta columna de opinión. Sin embargo, de tanto en tanto las alcantarillas se rebosan cuando de atacar a una prominente figura pública se trata. Las intervenciones de Restrepos y Gossaínes atajando tormentas y temporales han sido inútiles frente a matoneadores que se atrincheran detrás del humor corrosivo y polarizante.
Más allá del debate semántico y dándole un sentido constructivo al derecho a la Igualdad ante la ley, parece un buen momento para también decirle a algunos Samperes Ospinas que no han estado “cometiendo un desliz, sino redoblando un comportamiento peligroso e inescrupuloso cargado de intenciones políticas”. Debo decir que estoy de acuerdo con que “Corresponde a la ciudadanía, pues, el siguiente paso. Dar ejemplo. Exigir sin miedo, con la ley de su lado, el fin de la calumnia como estrategia. Solidarizarse con el calumniado más allá de las contingencias políticas. Decirle al calumniador que ha llegado la hora de que se detenga.”, pero a todos y cada uno de ellos.
Hay ocasiones en que el periodista no es el extremo más débil del debate y la comunicación que cito lo demuestra. El bulling público y privado es un delito y no una simple cuestión de formas. Eso debe funcionar para todos. De lo contrario, el ejercicio de la controversia política pública pierde todo sentido.