“Hay que olvidar la lógica maniquea de verdad y mentira, y centrarlos en la intencionalidad de quienes mienten”.
Jacques Derrida
Siempre he sostenido que la más terrible de todas las violencias que nos azotan es la corrupción, porque ésta engendra a las otras violencias que socavan las estructuras de la sociedad.
La indolencia, la desfachatez, las mentiras, el facilismo, la hipocresía, la insolidaridad, la falta de compromiso, el eterno ‘depende de…’, la ‘doble cara’, el afán del ‘dinero fácil’, la permisividad, la carencia de contexto ético, el ‘todo se vale’ y el ‘hoy por ti, mañana por mí’, entre otras muchas razones, han facilitado desde hace muchos años el camino hacia el perfeccionamiento de los ejes que mueven la corrupción, hoy erigida en un sistema de entronques que van desde lo elemental urbano hasta las complejidades internacionales.
Nada de ello es nuevo. Sin exagerar, me atrevo a decir que no hay medio de comunicación –impreso, radial o televisivo– que no haya denunciado eventos de corrupción durante los últimos 50 años.
Por eso, me parece falto de visión y contexto Fernando Carrillo, procurador General de la Nación, cuando en declaraciones a la Revista Bocas afirma que “el estruendo del conflicto armado, el humo de la guerra, no nos dejó ver la corrupción”. No. No los habría visto él porque estuvo fuera del país durante casi 20 años, tiempo durante el cual –seguramente– no estuvo atento a lo que sucedía en esta Nación saqueada desde tiempos de la colonia.
No es nada nuevo que en muchas esquinas de nuestras urbes vendan obras pirateadas o de contrabando, que en otras, algunos agentes de la ley ‘pidan’ propinas para fingir que ignoran la comisión de alguna contravención o delito, que se multipliquen los expendios de drogas ilícitas, que se generen fallos inexplicables en las instancias judiciales, que las empresas de servicios públicos se transformaran en cajas ‘menores’ de sus directivos, que las regalías de las regiones hayan terminado financiando esa guerra que generaba mucho más que humo, que el sistema de salud sea deficiente, que para acceder a contratos se hubiese vuelto ‘normal’ el pago de comisiones a quienes han tenido el deber de contratar…
Pero, el señor Procurador General dice que no veía nada de ello porque “el humo de la guerra” no dejaba ver la corrupción.
Quienes estábamos en el país sí la veíamos y la seguimos viendo. Los medios de comunicación están saturados de informes y noticias relacionados con el tema. Muchas ollas podridas destapadas, muchos serruchos denunciados, muchos huecos develados, muchos 'elefantes blancos' andando en la selva de concreto, muchos trasgresores desenmascarados...
Simplemente, como suele ocurrir cuando una sociedad se deja seducir por la permisividad, las ramas de la corrupción crecen sin control y la raíces de la misma se expanden en tierra fértil.
Lamento que el Procurador General sea elemental en esa afirmación, y que genere discursos formalmente fundamentados que se transforman en pura retórica. La Procuraduría General de la Nación debe ser mucho más que filosofía.
Preocupa –y mucho– que el Procurador General de la Nación revele el resultado de la investigación –Encuesta Global de Fraude– efectuada por la Universidad Externado de Colombia y no anuncie e inicie, al menos, indagaciones.
Porque la corrupción implica delitos de doble vía. Delinque quien ofrece, quien paga, quien exige y quien recibe. Así de sencillo.
Cierto es que la Procuraduría General no es el ente encargado de investigar al sector privado, pero no hay que olvidar que cuando se trata del erario público, la Procuraduría sí puede ejercer tal labor en protección del interés general y de los recursos públicos.
Según informó Carrillo, el 91 por ciento de los empresarios colombianos aseguraron que han ofrecido dádivas para acceder a contratos y que las comisiones que usualmente pagan son del 17.3 por ciento del valor del contrato, en promedio.
El 80 por ciento de los empresarios consideró que el soborno ha sido una práctica regular para hacer negocios, y el 58 por ciento aseguró que cuando no pagan sobornos pierden los contratos.
Entre 1999 y 2011, el costo de la corrupción fue cuatro por ciento del PIB nacional.
La realidad ha demostrado que la corrupción no es exclusividad de los funcionarios del sector público, del Gobierno, de los magistrados de las Altas Cortes, de los congresistas, de los jueces o de diferentes agentes del Estado. Desde el sector privado también corrompen. Desde el sector privado también confabulan prácticas perversas para ‘ganarse’ los contratos. Es que el 91 por ciento de los empresarios encuestados confiesa que ha ofrecido el pago de comisiones. En otro país, ese dato, ya habría dado para un gran escándalo.
Somos una sociedad enferma. Enferma y cínica por carencia de contexto ético. Enferma por creernos mejor de lo que somos, por no enfrentar el problema de fondo y dejarnos obnubilar por anuncios retóricos. Enfermos por "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".
Ese daño que no veía el Procurador General es resultado de años y años de permisividad, de ‘dejar hacer y dejar pasar’… Pero nunca ocultado por el “humo de la guerra”.
Urgen acciones y decisiones de fondo, y no sólo posturas morales. Para frenar la corrupción generadora de violencias urge un acuerdo sobre lo fundamental. Un acuerdo que proteja la sociedad, la democracia, la civilidad, el ‘deber ser’. Para que prime lo público sobre lo privado, lo general sobre lo particular.