* Fiscalía General indaga casos de corrupción en Antioquia, Bogotá DC, Cauca y Magdalena y revela ‘cadena criminal’ en Atlántico.
* El ente investigador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia en contra de tres senadores electos.
Por lo menos 62 personas, entre senadores electos, representantes a la Cámara, diputados, concejales, exconcejales, funcionarios de la Registraduría, jurados de votación y líderes sociales son investigados por delitos relacionados con corrupción al sufragante, concierto para delinquir, violación de topes de financiación a las campañas y prevaricato, reveló el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
El Fiscal General suministró los primeros resultados de las investigaciones sobre la comisión de delitos electorales perpetrados durante las elecciones a Senado y Cámara de Representantes realizadas el 11 de marzo de 2018.
“Los fiscales e investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático”, dijo el Fiscal al inicio de su intervención.
'OPERACIÓN CASA BLANCA
Bajo el nombre ‘Operación Casa Blanca’, la Fiscalía recopiló material probatorio sobre una “empresa criminal” dedicada al tráfico de votos al servicio de diferentes candidatos en el Atlántico.
La investigación se relaciona con la jornada electoral efectuada el 11 de marzo, día en el que fueron capturadas en flagrancia seis personas por su presunta participación en la comisión de delitos electorales vinculados con la representante a la Cámara y senadora electa Aida Merlano, en la sede de la candidata conocida como ‘Casa Blanca’.
Para la segunda fase de la investigación, la Fiscalía dispuso 50 investigadores y recopiló 2.112 horas de video y de audios. “Esto nos ha permitido establecer que se trataba de una organización delictiva que trabajaba para distintas campañas políticas y operaba desde 2015 para las elecciones regionales”, indicó Martínez.
Según estableció la Fiscalía, esa ‘organización’ contaba con 2.323 líderes barriales y locales a su servicio que actuaron como “mercaderes de grupos de electores”.
En esta fase fueron vinculadas formalmente 36 personas a las investigaciones, entre quienes se encuentran dos empresarios, dos concejales, dos exconcejales, dos diputados y 20 líderes barriales.
El Fiscal afirmó que el 30 de julio le imputarán cargos a Lilibeth Llinás, excandidata a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo; así mismo, a los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Ballén; los concejales de Barranquilla Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora; los exconcejales Aissar Castro Reyes (padre de Castro Bravo) y Vicente Támara, se le imputarán lo mismos delitos.
El ente investigador compulsará de copias a la Corte Suprema de Justicia para que procese a la senadora electa del Partido Conservador, Aida Merlano, por violación de los topes o límite de gastos en las campañas electorales. Adicionalmente, compulsaron copias al Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia de Aida Merlano y Lilibeth Llinás, quienes pertenecían a distintos partidos, pero actuaron de manera conjunta.
FINANCIACIÓN DE LOS 'MERCADERES DE VOTOS'
Martínez reveló que la red contaba con dos fuentes de financiación: una pública y otra privada. La fuente de recursos pública habría estado sustentada en contratos de prestación de servicios con el Concejo Distrital de Barranquilla, cuyos beneficiarios trabajaban para ‘Casa Blanca’, por este motivo compulsaron copias que para que se determine si se configuraron delitos contra la administración pública.
En la fuente de financiación privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de particulares. Algunos de estos cheques fueron cobrados por Edwin Martínez Salas, quien fue capturado. La Fiscalía señaló que, en febrero, Martínez Salas cobró 21 cheques que superaron los 1.000 millones de pesos.
Otro de los colaboradores de ‘Casa Blanca’ cobró en efectivo, en un solo día, cheques que sumaron más de 500 millones de pesos.
“Estas situaciones fácticas nos permiten decir que la Fiscalía, por primera vez, va a poder imputar dos nuevos delitos como son el de violación de los topes o límite de gastos en las campañas electorales, y tráfico de votos a líderes que venden a los candidatos suma de votos como si fueran mercados naturales”, añadió el funcionario.
La Fiscalía también llamará a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría por presunta participación en esta organización criminal y financiamiento de la misma.
COMPRA DE VOTOS EN CIÉNAGA
La detención de Sergio Andrés Lora, en Ciénaga (Magdalena), efectuada el pasado 11 de marzo, cuando llevaba consigo 7 millones de pesos en efectivo y un listado de votantes, fue el inicio de la investigación que terminó con la imputación de cargos a Lora por delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal porque habría intentado desviar las investigaciones.
Así mismo, se solicitará una audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, por tráfico de influencia de servidor público, por presuntamente haber intentado evitar la judicialización de Lora Ávila.
La Fiscalía compulsará copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue la conducta del representante a la Cámara del partido Cambio Radical y senador electo, Fabián Castillo Suárez, quien fue a visitar a Lora en la estación donde había sido conducido para su judicialización.
PASEOS, TABLETS Y TELEVISORES POR VOTOS
La Fiscalía General investiga los hechos en los que Margarita Restrepo –candidata reelegida a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático–, presuntamente ofreció a los votantes viajes subsidiados a San Andrés por 120 mil pesos, tablets a 30 mil pesos y televisores a 350 mil pesos con la condición de que serían entregados a cambio del voto.
Estas ‘ofertas’ habrían sido realizadas a más de 400 personas que asistieron a reuniones supuestamente convocadas por Alejandro Cuartas Rodas, gerente de la campaña, quien es señalado de comprar votos a 84 mil pesos. La Fiscalía vinculó a la investigación a Elizabeth Jaramillo Rico, integrante del equipo de la campaña, por el delito de corrupción al sufragante
“Mándeme los certificados de la gente de los paseos, de las tablets y de la gente que trabajó”, se escucha en un audio que presentó el Fiscal, cuya voz es atribuida a Cuartas Rodas.
Como resultado de estas ‘ofertas’, 55 sufragantes viajaron a San Andrés. Sin embargo, no todos obtuvieron lo prometido, por lo que -ante el incumplimiento- denunciaron a la campaña por estafa ante la Fiscalía.
Por estos hechos, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia en contra de Restrepo e imputó cargos a Cuartas Rodas por los delitos de corrupción al sufragante.
Se estableció que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes 136 millones de pesos en una cuenta particular.
VOTOS A CAMBIO DE CONTRATOS EN ANTIOQUIA
Braulio Suárez, subdirector del Sena en Caucasia (Antioquia), habría convocado a contratistas de la entidad para inducir el voto a favor de Julián Bedoya Pulgarín, representante a la Cámara y ahora senador electo, con la promesa de mantener los contratos a quienes dieran el voto.
Suárez fue retenido y está a la espera de la legalización de la captura por el delito corrupción al sufragante.
CONSTREÑIMIENTO A PROFESORES EN BOGOTÁ DC
El Fiscal señaló que Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, habría solicitado que a los profesores de los colegios distritales de la localidad de Kennedy que direccionaran el voto a favor de Diego Caro, candidato a la Cámara, y su fórmula María Fernanda Cabal, al Senado, con la amenaza de que en caso de no hacerlo no les renovarían el contrato. El funcionario agregó que les habrían exigido la elaboración de un listado con diez posibles votantes.
El tres de julio le imputarán cargos por constreñimiento y corrupción al sufragante a John Francisco Rodríguez, subdirector regional en Kennedy de la Secretaría de Integración Social, y al contratista Julián Gutiérrez.
MANIPULACIÓN EN DESIGNACIÓN DE JURADOS
“En Soledad (Atlántico) se registraron candidatos a jurado de manera ilícita en el sistema de la Registraduría”, afirmó el Fiscal. El funcionario explicó que desde la Registraduría de Soledad le enviaron a Sheyla Ali Barrios, el código de acceso para que cargara al sistema los nombres de 1.370 aspirantes a ser jurados; de los cuales, resultaron elegidos 1.107. La Fiscalía confirmó que Alí Barrios no representaba a ningún partido político. Por esta razón, la entidad solicitó imputación de cargos a Márbel Luz Pizarro, coordinadora de asuntos electorales de Soledad, y a Edgar Lugo Pinedo, registrador especial de Soledad por prevaricato por omisión. Alí Barrios será investigada por falsedad en documento privado.
TARJETONES MARCADOS EN CAUCA
Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay, denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habría beneficiado a al representante electo Fáber Muñoz.
Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido más de 250 votos marcados en favor del entonces candidato.
La Fiscalía recuperó el material electoral y el perito documentólogo que lo analizó determinó que al comparar la forma como fueron marcados los tarjetones, la ‘X’ tiene el mismo patrón grafológico, es decir, habrían sido marcados por la misma persona, a pesar de que las mesas no están cerca entre sí. Por el momento, el Fiscal del caso recuperó el resto de material electoral para determinar el autor de las marcas similares.
El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a seis jurados de votación, diligencia que se realizará el 22 de junio.