Un buen político, algo que muchos creen que no existe, debe ser muy coherente entre lo que piensa y expresa en las plazas públicas y lo que hace en el ejercicio del poder.
El politiquero, en cambio, dice lo que los demás quieren escuchar y procede según su capricho y ambición. La confianza ciudadana se resquebraja cuando se notan evidentes contradicciones en este aspecto. Infortunadamente es mucho más frecuente que aparezca el politiquero que el político y desconozco el motivo por el cual los colombianos reaccionamos tan tímidamente frente a tan nefastos personajillos. Solemos quejarnos, si, pero el rechazo social que ejercen nuestros compatriotas es muy débil y poco determinante frente a estos mentirosos compulsivos que tanto abundan en nuestro país y finalmente no suele darse ningún cambio.
Con algo más de un mes de haberse posesionado, el presidente Duque ha mostrado de qué está hecho en verdad. Su falta de compromiso con la palabra empeñada se puso de manifiesto cuando un miembro de su gabinete fue cuestionado. Días antes el primer mandatario había hablado, con vehemencia, de emprender su lucha contra la corrupción y dijo que iba a dedicar sus mejores esfuerzos a combatir este flagelo.
Sin embargo, a pesar de esas proclamas, en el caso Carrasquilla salió de inmediato a asegurar que el ministro era inocente, convirtiéndose así en juez de una causa, de la que no conocía antecedentes ni testimonios o pruebas para afirmar tan contundentemente tal cosa. Curioso proceder de alguien que es abogado y que debería saber que le corresponde a la justicia asegurarlo, no a él. La falta de coherencia es indudable. Tanto que asusta darse cuenta que con tan poco tiempo de ejercicio del poder, haya dejado de lado el discurso para mostrar la realidad de su personalidad poco seria y propensa a actuar a la ligera. Es claro que su discurso no es acorde con lo que hasta hacía poco tiempo proclamaba como un propósito fundamental en su mandato. Lo indicado hubiera sido afirmar, por ejemplo, que dejaría actuar a la justicia y que aceptaría el veredicto pues todos sus funcionarios deben demostrar tener una hoja de vida impoluta.
Ahora pasemos a los hechos. El agua es un derecho fundamental que tiene la humanidad. Es necesaria para la vida, indispensable para todos nosotros. Lucrarse indebidamente con ella es un crimen imperdonable y más aún cuando se esquilma a municipios que viven en las condiciones más adversas. Así las cosas, es inadmisible que una persona que supuestamente se aprovechó de sus contactos políticos y que en un abuso de sus influencias, utilizó esas condiciones, no para el beneficio de la sociedad, sino para enriquecerse de manera desmesurada sea quien administre los dineros del Estado colombiano.
A pesar de ello, al Presidente le parece nimio este asunto y lo sigue manteniendo en el cargo. Olvidando, que el funcionario debe ser digno y hacerse a un lado para dejar que la justicia actúe sin ninguna presión indebida del gobierno. Aún así; no se puede exonerar de responsabilidad al presidente actual. Si el ministro de Hacienda no daba un paso al costado, él debió retirarlo del cargo. No es conveniente para el país que esos cuestionamientos subsistan y queden todos estos acontecimientos en una especie de nebulosa que los oculta de la mirada de los ciudadanos.
Para complicar aún más lo que ha venido sucediendo, el senador Macías, del mismo partido mandatario; y quien en la tarde del pasado 7 de agosto, pronunció un discurso impropio para la ocasión, donde señaló toda clase de actos de corrupción del anterior gobierno, resuelve archivar la moción de censura al ministro Carrasquilla, sin presentar razones de peso para ello. Evidentemente cae en una franca contradicción con sus palabras. De nuevo lo dicho apunta a una determinada dirección y los hechos se mueven en sentido contrario.
Un país que realmente busca acabar con la corrupción a todos los niveles debe exigirle al gobierno severidad y buen ejemplo. Lo que se está notando es que se habla mucho de moralidad pública, pero se procede de manera muy tibia cuando los cuestionamientos hacen referencia a los altos dignatarios del actual gobierno. Debemos, como ciudadanos realmente manifestarnos disgustados por tantas actuaciones poco claras y lo que es peor por no dar explicaciones que son tanto necesarias como sanas.