La forma como fue agredida la Plaza de Bolívar durante la manifestación del pasado jueves 25 de abril, con el dolor que representa para quienes sentimos amor por nuestra ciudad y nuestro país, nos lleva a reflexionar en las verdaderas intenciones que un hecho tan lamentable como este conlleva.
¿Será que los organizadores del encuentro están interesados en distraer la atención del público hacia la destrucción del lugar o quieren ser escuchados y tenidos en cuenta en relación con las razones que motivan la convocatoria y que tienen que ver con el bienestar, el respeto de los derechos y el futuro del país y sus habitantes?
Sabotear un encuentro de tanta importancia, no tiene lógica, como tampoco lo es, que sea una simple manifestación de rebeldía o, como dicen los medios de comunicación, el aprovechamiento de la situación por parte de unos desadaptados que solo buscan hacer el mal y plasmar su mala leche con acciones destructivas sin importar las personas que se vean afectadas.
Quizá para quienes si puede beneficiar un acto vandálico como el que apreciamos ese día y que le cuesta al país millones de pesos, además del deterioro a que se ven sometidas las edificaciones, es a quienes cuestiona y deja en evidencia su ineptitud y la mala intensión con la que están ejerciendo sus funciones y, lo que es aún más preocupante, el beneficio particular que están obteniendo con ellas, olvidando el compromiso y la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos, de construir un país incluyente y pluricultural que brinde oportunidades de crecimiento y desarrollo a todos sus habitantes y, que por la misma razón, sea escenario propicio para la paz.
Así las cosas, para quienes tienen intereses particulares o usufructúan con actos corruptos los bienes de la nación, vulnerando los derechos de los demás y haciendo mal uso de las facultades que como administradores de los organismos públicos poseen, resulta conveniente que la atención se distraiga y con ella, se evada el control de aquellos que, por una u otra razón, observan y vigilan el buen uso del tesoro público y denuncian las irregularidades o delitos que con él se cometen.
Con la estigmatización a la protesta social se pretende desdibujar o desconocer temas como el aumento del desempleo, la inseguridad, la educación, la salud y en general la urgencia y el clamor por la defensa de la vida en todo sentido el cual no encuentra eco en las políticas sociales y económicas del estado. Ni hablar del retroceso sistemático en materia de paz que abre espacios y posibilita la forma de continuar la guerra, con los correspondientes beneficios para quienes se lucran a través de ella y el sufrimiento que causa a las víctimas.
No existe justificación alguna para la destrucción de nuestro patrimonio, pero ese no es el punto central, la verdad el país está siendo manipulado con mensajes y procedimientos de doble moral que se evidencian en hechos tales como el asesinato continuo de líderes sociales por parte de sicarios contratados y pagados a manera de servicios de seguridad ilegal, lo cual impide identificar para quien trabajan.
La manifestación social es un derecho que merece respeto y debe ser pacifica para que no pierda el foco; agredir a las personas que la ejercen significa vulnerar el acto democrático y la libertad de expresión.