Hace unas semanas participé en un programa de opinión[1] durante el cual se analizaron las implicaciones de la fuga de Santrich y los posibles escenarios de afectación a la implementación de los acuerdos Santos – Farc.
En medio del calor del debate y las interrupciones, afirmé textualmente que la JEP “únicamente les conviene a los 300 cabecillas de las Farc, no a la guerrillerada rasa… porque ellos, por la responsabilidad del mando, solamente responderán por los hechos que sean directamente responsables, que sean graves violaciones; y la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.
Tal vez la frase preocupó a alguien, pero en todo caso no pasó inadvertida. Días después el portal Colombiacheck[2] me contactó para darme la oportunidad de explicar el contexto de mi afirmación y verificar su veracidad (oportunidad que por supuesto agradezco). El resultado fue una calificación de “Verdadera, pero…”, siendo el ‘pero’ que “eso no ha sido un secreto”.[3] Para explicarlo, les envié apartes de la Sentencia C-579 de 2013.
Sin embargo, creo que el trasfondo del asunto es la confusión que han sembrado algunos políticos ultra defensores de la paz de Santos, para mentir sobre el alcance de la jurisdicción de la JEP, generar un clima apocalíptico para descalificar sus críticos y asustar a los mismos guerrilleros. Una bajeza.
Por ejemplo, el pasado 19 de febrero en entrevista publicada en El Tiempo,[4] Roy Barreras afirmó que “hay una ‘fábrica de mentiras’ en los últimos ataques contra la justicia transicional” y que “se juzgue a los miles y miles de guerrilleros rasos y de soldados rasos que a lo largo de 50 años hayan participado en el conflicto es colapsar el sistema y garantizar la impunidad, además de traicionar la paz, porque implicaría meter a la cárcel a todos los que dejaron las armas, porque todos, de una u otra manera, cometieron ese tipo de delitos”. En otro Periscopio Político[5] repitió la perorata diciendo que para perseguir “a los guerrilleros rasos, incluidos los menores de edad… el fiscal tendría que meter a la cárcel a los 10 mil que dejaron las armas...”.
La etiqueta no es nueva. Ya en septiembre de 2016[6] la hoy candidata Verde a la alcaldía Claudia López –con su habitual tono pendenciero– se refería a los críticos del sistema JEP como “Los que quieren meter a los 15 mil miembros de las Farc a las cárceles de Colombia”.
¿Será que esa reiterada exageración, descontextualizada y catastrofista, camuflada detrás de una pretendida ignorancia en materia de justicia transicional, esconde un interés distinto al de la “defensa de la paz”? ¿Será acaso el presupuesto de la JEP?
El ocho de julio, la magistrada Patricia Linares denunció airada el recorte presupuestal del 30 por ciento al sistema de implementación de paz para 2020, afectando tanto a la JEP como a las Comisiones de la Verdad y de Búsqueda de personas desaparecidas.
Planeación Nacional sustentó la rebaja como una estrategia para hacer más eficiente el gasto público y reducir el déficit fiscal, dejando en claro que sólo afectaría el rubro de Inversión y no el de Funcionamiento, como erróneamente informaron algunos medios de comunicación, recogiendo la versión de la JEP. Eso implica que no se hubiera afectado lo que ya está operando, especialmente los jugosos contratos de nómina o de prestación de servicios, ni los gastos de infraestructura que ya están contratados. Pese a todo argumento, el Gobierno rápidamente retrocedió para acallar cualquier crítica.
¿No será que es hora de plantear una inversión en proyectos para hacer las cárceles que el país necesita para albergar a tanto bandido reincidente que los jueces están dejando en libertad por el hacinamiento?
¿Será que los ‘amigos de la paz’ de Santos considerarán esto otra amenaza contra los 200 o 300 cabecillas y máximos responsables que hasta ahora sólo afrontan las mismas medidas restrictivas de movilidad que permitieron la fuga de Santrich y otros siete jefes de las Farc a Venezuela?
Preguntadera: ¿Qué tan convenientes son los acuerdos firmados con China en medio de la guerra comercial entre ese país y los Estados Unidos, nuestro primer socio comercial? ¿Será otro factor que se suma al debilitamiento de la cooperación judicial, especialmente en materia de extradición?
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[1] Semana en vivo, 2 de julio de 2019: “¿Dónde está Jesús Santrich?”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RApPjPSFshI
[2] Colombiacheck es “una organización sin ánimo de lucro, no partidaria, que reúne a más de 100 periodistas asociados en Colombia para promover el periodismo de investigación (…) una plataforma digital, abierta y colaborativa en la cual se publican artículos basados en la técnica de comprobación de hechos y datos, que proviene de una larga tradición del periodismo anglosajón y se conoce como fact-checking”.
[3] Colombiacheck.com, 16 de julio de 2019: “La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto”. Disponible en: colombiacheck.com/chequeos/la-jep-se-concentrara-en-maximos-responsables-pero-eso-no-ha-sido-un-secreto
[4] El Tiempo, 19 de febrero de 2019: “Hay una fábrica de mentiras contra la JEP: Roy Barreras”. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/congreso/roy-barreras-dice-que-uribe-y-el-fiscal-mienten-sobre-la-jep-328570
[5] Periscopiopolitico.com.co, 25 de febrero de 2019: “Llevar a los reinsertados de las Farc a la cárcel es un acto de perfidia: Roy Barreras”. Disponible en: https://www.periscopiopolitico.com.co/2019/02/25/llevar-a-los-reinsertados-de-las-farc-a-la-carcel-es-un-acto-de-perfidia-roy-barreras/
[6] Vanguardia, 14 de septiembre de 2016: “He perdido media vida tratando de acabar con las Farc: Claudia López”. Disponible en: https://www.vanguardia.com/colombia/he-perdido-media-vida-tratando-de-acabar-con-las-farc-claudia-lopez-NFVL372960