ISIS BELEÑO R. Editora de CIUDAD PAZ
"La violencia es el miedo a los ideales de los demás”, decía Mahatma Gandhi. Desde el 27 de octubre de 2018, ese miedo ha propiciado 364 víctimas de la violencia en diversas regiones de Colombia, entre las que se encuentran 69 aspirantes a cargos de elección popular.
91 de esos líderes políticos, sociales y comunales (25 por ciento) fueron asesinados, de acuerdo con el informe de violencia publicado por la Misión de Observación Electoral, MOE.
Esta ola de violencia ha tratado de afectar la jornada democrática durante la cual 3.306 servidores públicos serán elegidos por voto popular, para lo cual la Registraduría Nacional dispuso 11.590 puestos de votación en los que funcionarán 107.916 mesas.
Esta situación se evidencia al saberse que 315 municipios presentan situaciones que amenazan la normalidad de las elecciones o advierten sobre la seguridad de los candidatos, según la Procuraduría General de la Nación. En varios de ellos hay amenazas al entorno y la institucionalidad, la violencia e investigaciones criminales, y riegos de fraude electoral.
MOE informó que 3.340 observadores vigilarán las elecciones en 566 municipios del país.
VIOLENCIA
Este año, entre el 27 de julio y el 27 de septiembre, se registraron 69 aspirantes víctimas de violencia política: 61 hombres (88,4 por ciento) y ocho mujeres (11,6 por ciento). En ese lapso fueron asesinados siete candidatos: tres a alcaldía (en Toledo, Antioquia; Suárez, Cauca; y de Tibú, Norte de Santander); y cuatro al concejo (de Versalles, Valle del Cauca; San Jacinto del Cauca, Bolívar; Betania, Antioquia; y de Suárez, Cauca).
Durante un año, desde el 27 de octubre de 2018 a la fecha, han sido asesinados 22 aspirantes.
Además, ocho candidatos fueron víctimas de atentados en Convención (Norte de Santander), El Retén (Magdalena), San Calixto (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), La Vega (Cundinamarca), San José del Fragua (Caquetá), San Pedro de Cartago (Nariño) y Barrancabermeja (Santander).
53 candidatos han recibido amenazas: 35 aspirantes a alcaldía, 15 al concejo, dos a la gobernación y uno a Junta de Administración Local; y se ha registrado 31 amenazas colectivas emitidas a través de panfletos. Dichas acciones se han efectuado en Bogotá DC, Arauca, Medellín, Ituango y Bello (Antioquia); Riohacha, Fonseca, Albania y Barrancas (La Guajira); San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores (Guaviare); Ibagué (Tolima); Neiva (Huila); Baranoa (Atlántico); Montería y Tierralta (Córdoba); Toribío y Suárez (Cauca); Cali y Florida (Valle del Cauca); Cúcuta (Norte de Santander); Ancuyá (Nariño); Santa Marta (Magdalena); Becerril (Cesar); San Pablo (Bolívar); Viotá (Cundinamarca); y en Sincelejo, Ovejas y San Onofre (Sucre). Según MOE, tales amenazas son atribuidos al ELN, a disidencias de las Farc, al EPL, a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y a las ‘Águilas Negras’. A pocos días de cumplirse el año electoral, han sido reportadas 230 víctimas en desarrollo de 177 hechos de violencia ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios.
La violencia, que precede a las elecciones del 27 de octubre, tiene como víctimas a líderes y actores electorales de carácter local.
Esta oleada ha dejado 22 víctimas fatales: 12 eran candidatos y diez impulsaban sus precandidaturas.
En los últimos dos meses y medio fueron perpetrados nueve asesinatos; así mismo, se reportaron 77 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atentados, con lo cual, se evidencia una intensificación de la violencia a medida que se acerca la fecha decisiva en las urnas, de acuerdo con informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Sipares) que recopila datos sobre la violencia electoral entre el 27 de octubre de 2018 –cuando se abrió el periodo de inscripción de cédulas– hasta el 11 de octubre de 2019.
Este informe se suma al reporte que presentó en septiembre la MOE, en el que se advierte que 69 candidatos han sido víctimas de violencia política.
De acuerdo con Sipares, la violencia se volvió más ‘selectiva’ y se dirige principalmente a individuos, pasando a segundo plano el ataque a los colectivos, sin que por ello se evitaran casos graves como la masacre de Suárez (Cauca), ocurrida el 11 de agosto, en la que murieron Karina García, candidata a la Alcaldía; Yeison Betancourt –candidato al Concejo–; Blanca Otilia Sierra, madre de la candidata, y tres líderes sociales de la región.
El informe sostiene que no hay una relación entre los hechos de violencia electoral y las zonas de posconflicto pues varios hechos se han presentado en zonas donde no hay vacío de poder. En cuanto a los perpetradores, en 71,7 por ciento de los casos se desconoce al actor material o intelectual. Sin embargo, algunas investigaciones de campo –añade el documento– permiten concluir que las amenazas, atentados y homicidios han sido ordenados o cometidos por competidores políticos.
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS De las 230 amenazas, atentados y asesinatos, 103 afectaron a candidatos, 19 a precandidatos, 69 a funcionarios públicos electos (40 concejales, 13 alcaldes, siete senadores y a otros 20 servidores públicos (principalmente personeros).
Tal cifra difiere del informe de la MOE (364), porque en este último se incluyen a líderes sociales y comunales. Así mismo, 81,3% de las víctimas son hombres y 17% mujeres, solo en dos casos no se puedo establecer el sexo. De los agentes de violencia electoral identificables, a las ‘Águilas Negras’ se le atribuyen 33 hechos de violencia (11,29 por ciento), principalmente amenazas. Sin embargo, Pares aclara que el grupo dejó de existir en 2011 y que la denominación se usa como fachada para encubrir a otros actores. Otro actor mencionado son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a quienes se les responsabiliza por cuatro hechos de violencia que dejan siete víctimas. Igualmente, señalan como responsables al ELN, a disidentes de las Farc y del EPL.
LAS REGIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS Los hechos de violencia se concentran en diez departamentos que agrupan a 66,52 por ciento de las víctimas: 25 en Valle del Cauca, 21 en La Guajira, 18 en Tolima, 17 en Antioquia, 16 en Cauca, 13 en Bogotá, 11 en Santander, 11 en Cesar, 11 en Córdoba y 10 en Nariño.
Los departamentos con mayor número de amenazas son: La Guajira (19), Tolima (18) y Valle del Cauca. Los atentados son más recurrentes en Santander (4), Cauca (3) y Norte de Santander (3).
De las víctimas de violencia electoral, los partidos de gobierno registran 67 casos (29 por ciento). En contra de estos, han ocurrido 48 amenazas, ocho atentados, siete asesinatos, dos secuestros, un caso de extorsión y uno de desaparición forzada. Los más victimizados son los aspirantes a la Alcaldía con 65, le sigue 25 al Concejo, ocho a la Gobernación y cinco a la Asamblea.
Los partidos de oposición registran 66 víctimas (29 por ciento), distribuido en 53 amenazas, siete atentados, tres asesinatos, un hurto, una retención ilegal y un caso de persecución.
Los partidos independientes registran 42 víctimas que representan el 18 por ciento del total y han sufrido 28 amenazas, siete asesinatos, seis atentados y un caso de retención ilegal.
En el 24 por ciento de los casos no fue posible determinar la filiación política de las víctimas. 20 de ellos son funcionarios públicos, 16 candidatos y nueve precandidatos.
ALERTA EN 315 MUNICIPIOS La Procuraduría General de la Nación diseñó una metodología que integra en un mapa de calor variables como el entorno y la institucionalidad, la violencia e investigaciones criminales, y los riegos de fraude electoral en cada uno de los municipios del país. La confluencia de esta información determinó que 315 municipios presentan situaciones que amenazan la normalidad de las elecciones o advierten sobre la seguridad de los candidatos. Tumaco se constituye en el municipio cuyo Índice de Riesgo Electoral (IRE) es el más alto con un indicador de 1 (cero representa menor riesgo).
Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima y Nariño registran el mayor número de municipios en riesgo.
“Estas elecciones son las más importantes después de la firma de los acuerdos de paz, son una definición del poder político real y por eso estamos tratando de montar un sistema inmune que le permita a la democracia defenderse”, aseguró el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo. El funcionario informó que se creó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear, en tiempo real, cualquier eventualidad durante las elecciones y, junto con otras autoridades, blindar los comicios.
El mapa agrupa los entes territoriales en seis regiones. De los 193 municipios que componen el Caribe colombiano, 74 fueron identificados en la categoría de alto riesgo, entre los que figuran, en Cesar: Curumaní, Pailitas, Chimichagua y La Gloria; en Atlántico: Campo de la Cruz, Suán y Piojó; en Sucre, Ovejas; y en Córdoba, Tierralta. Antioquia tiene 178 municipios y 66 están en categoría alta. Algunos de los municipios en rojo intenso son: Ituango, Tarazá, San Francisco, Segovia, El Bagre, Pijao, Remedios, San Luis, Uramita y Argelia.
La región Centro Oriente presenta alto riesgo en 61 municipios. Entre los de mayor riesgo están: El Tiara, Tibú, Convención, Sardinata, Puerto Santander y Abrego (Norte de Santander); Cabrera y La Palma (Cundinamarca), y Caldas y Maripi (Boyacá).
La región Pacífico es la más amenazada. El viceprocurador, Juan Carlos Cortés, señaló que 30 por ciento (54) de los municipios fueron caracterizados en alto riesgo de corrupción. Algunos municipios identificados son: Tumaco, El Charco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño); Atrato, Sipí y San José del Palmar (Chocó), y La Sierra (Cauca). En los Llanos: 20 municipios figuran en la categoría de alto riesgo, entre los que figuran: Algunos de ellos son: Lejanías, Puerto Gaitán y La Macarena (Meta), Puerto Rondón, Tame, Saravena y Arauca (Arauca), Taraira (Vaupés) y La Primavera (Vichada).
Finalmente, la región Centro-Sur presenta 40 municipios con un IRE alto. Entre los municipios más vulnerables se encuentran Planadas, Chaparral, San Antonio, Ataco y Coyaima (Tolima), Puerto Rico, Solita, El Paujil y Valparaíso (Caquetá), y Leguízamo (Putumayo).
Para la construcción del indicador, la Procuraduría utilizó información del Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Misión de Observación Electoral (MOE), los datos del Sistema de Información Misional (SIM), la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras fuentes.