En las antiguas culturas, como en las sociedades modernas, la tradición y el sentido de comunidad en un caso y los fundamentos de la filosofía política en el otro, concedieron siempre una importancia capital a las formas y expresiones de autoridad dentro de sus proyectos comunitarios.
La ley y desde luego aquellos encargados de hacerla cumplir eran vistos como elementos fundamentales e irremplazables del organismo que cada sociedad representaba; y por principio se consideraba que la fuerza y el castigo eran instrumentos naturales y necesarios para mantener el orden y para garantizar su existencia.
Algo radical debió ocurrir para que en nuestro tiempo la mayoría, si no una buena parte de la opinión pública, rechace, desprecie y juzgue por defecto siempre a sus organismos de seguridad y defensa como malvados. En Colombia, por ejemplo, se piensa siempre que, en cualquier incidente, sin necesidad de conocer los detalles, cuando está involucrado un miembro de la fuerza pública, debe ser culpa de este, pues ha de estar cometiendo algún acto de corrupción o de abuso de la fuerza, poco importa lo que haya ocurrido realmente y quién esté involucrado. Eso sin mencionar que el uso de la fuerza, proporcionada o extrema, ajustado a la ley, es siempre advertida como mala.
Es claro que sería absurdo e irresponsable negar que el camino de destrucción que ha seguido la política occidental, como resultado de la negación de los grandes ideales que pueden dar consistencia un verdadero proyecto cultural, ha operado una descomposición también de las instituciones destinadas a mantener el orden. Estas han olvidado así su razón de ser y su sentido profundo, ligados a los principios trascendentales de autoridad, jerarquía, y soberanía, quedando reducidas a fuerzas represivas que están en permanente conflicto con aquello que es su objeto fundamental: la ciudadanía. Esta es la razón por la que han perdido credibilidad y legitimidad, y por ello también han terminado por justificar en muchos casos la aversión y temor que la gente les expresa.
Sin embargo, considerando la importancia esencial de la fuerza pública y la necesidad de crear, restaurar y afirmar los lazos que esta tiene con el resto de la sociedad, es incomprensible y bajo que hoy en día muchos ciudadanos desprevenidos, y sobre todo que varios políticos, hayan tomado por oficio destruir la imagen de la fuerza pública de forma definitiva, empleando videos y denuncias sin contexto y sin discriminación. Este tipo de instrumentos, presentados a través de ciertos medios, con el poder de las redes sociales y valiéndose del alcance público de los que las ponen en circulación, juegan emocionalmente con las personas, polarizan, juzgan y criminalizan a policías y militares; y se constituyen como “evidencias” sin contexto, recortadas y tendenciosas, en circunstancias en las que estos no pueden defenderse ni se ha establecido adecuadamente lo que ocurre para que haya un mínimo de objetividad y de justicia. Todo aparece entonces como abuso de autoridad…
Ante el problema de la corrupción de la Fuerza Pública, la salida no es arrojar a la ciudadanía a una guerra permanente con las autoridades, generando así la degradación de la moral de sus integrantes y exacerbando el odio y el miedo de la gente frente a personas que deberían ser sus aliados naturales. Pensar otra cosa solo revela intereses electorales y populistas, oportunismo e irresponsabilidad, mucho más cuando se toma parte en un ejercicio de gobierno.