Los últimos días el país ha recibido noticias muy dolorosas que hablan de la muerte de varios colombianos en masacres que han ocurrido en diferentes lugares, sobre todo hacia el sur y el occidente del territorio nacional. La más sonada ocurrió hace menos de una semana en Samaniego, Nariño, en donde fueron asesinados nueve jóvenes en hechos que aún están por esclarecerse. Posterior a esa masacre se registraron otras en Cauca, Arauca y el Pacífico. Los medios las presentan en la forma de cuentas redondas: hablan de tres masacres en 24 horas, cinco masacres en siete días o siete en 11. Un panorama sin duda entristecedor y preocupante, sobre todo en cuanto recuerda épocas que considerábamos ya parte de un pasado sepultado.
En medio de la indignación y la alarma que esto genera, vale la pena también echar una mirada a la manera en que se ha recibido esta ola de sucesos y noticias en la opinión pública, en escenarios, por ejemplo, como las redes sociales y de opinión. Allí, y no sin razón, la gente ha estado hablando del papel del gobierno, de su responsabilidad ante el presente por su ánimo frente al proceso de paz. Una buena porción de la opinión, representante quizá de una izquierda más radical, que suele ser realmente hábil en el manejo de medios haciendo que su voz sea la más audible, ha estado convirtiendo los acontecimientos en una herramienta de lucha política, es decir, ha estado instrumentalizando estas tragedias en medio de una lucha por el poder perfilada a las próximas elecciones, y en relación con la coyuntura en la que aparece la situación del presidente Uribe.
No se trata de negar la importancia que tienen estos hechos en la realidad del país. Ni siquiera con estadísticas elaboradas y ordenadas para reducir la apariencia del impacto de tales hechos es posible hacerlo. Pero sí podemos cuestionar a aquellos que insisten en posturas simplonas e irresponsables, no solo con el país y su situación actual, sino con las propias víctimas, cuando afirman que todo esto ha sido ordenado por Uribe, que es su venganza o que estamos asistiendo a la reconfiguración del paramilitarismo.
Por un lado, aún está por establecerse la responsabilidad en estos hechos de los diferentes grupos que operan en las zonas en las que ocurrieron las masacres (grupos guerrilleros, bandas criminales, en general, narcotraficantes) –incluso las disidencias de las Farc se han atribuido una de ellas, acusando de ladrones a los hombres que fueron ajusticiados–. En este panorama sensacionalista, en el que estos hechos desgraciados que enlutan al país han venido a instrumentalizarse, llega uno a sentir que para algunos sería quizá deseable que la situación se recrudeciera y las masacres se extendieran una tras otra, avivando una crisis suficientemente considerable como para que sus propios candidatos y sus propias opciones políticas e ideológicas tuvieran éxito.
En todo caso, es muy difícil señalar a un único culpable, y anticipar ideológica e infantilmente cualquier conclusión acerca de quiénes son los responsables es una manera de negar el derecho a la verdad de las propias víctimas.
Por otro lado, y en contra de estas opiniones descuidadas y sin profundidad que se apresuran a culpar de todo a alguien o a un sector, hay que considerar que a la derecha colombiana, por lo menos a la que está del lado del Gobierno Nacional, detrás de la cual está el propio expresidente Uribe, es a la que menos debería interesarle que estos hechos ocurran y generen una oleada de rechazo y señalamientos al Presidente, tal como está ocurriendo, especialmente cuando ya se empieza a perfilar muy seriamente la carrera electoral más importante para el país.