* Se requiere formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas de menores y sus familiares o cuidadores.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que durante la pandemia los grupos armados ilegales continuaron cometiendo reclutamientos forzados de niñas, niños y adolescentes.
En un trabajo realizado por servidores de la Defensoría, del 17 de marzo al 30 de septiembre, se tuvo conocimiento de 83 casos, de los cuales 23 fueron reportados en terreno; 23 directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo; seis por ONG; dos por la Agencia de Naciones Unidas y 29 por otras entidades.
Los departamentos en donde cometieron el ilícito son: 21 en Caquetá; 19 en Cauca; ocho en Putumayo; siete en Antioquia; seis en Arauca; cuatro en Chocó; tres en Amazonas y Córdoba, cada uno; dos en Huila, Meta, Vichada y Nariño (específicamente en Tumaco) y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De todos los casos, un 80 por ciento ocurrió en zonas rurales.
Las edades de las víctimas oscilan entre los ocho y los 18 años. De ellos, el 33 por ciento son menores de 14 años y un 59 por ciento son hombres (49 casos). Además, 20 son indígenas y dos afrodescendientes.
Respecto a los grupos armados ilegales autores del reclutamiento están facciones de las disidencias las Farc-EP, con 54 casos (63 por ciento); grupos armados del crimen organizado, con cinco; grupos posdesmovilización de las AUC, con cinco; el ELN, con seis; disidencias GAOR 36, con dos; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con uno, y no se tiene información en 10 casos.
Además del reclutamiento forzado se establecieron otros delitos de los que son víctimas los menores de edad, como desplazamiento forzado (18 casos); amenazas (16); desapariciones forzadas (tres); violencia sexual (dos); lesiones personales (dos) y otros (16).
“Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos de los colombianos y se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y mucho más cuando sus familias son afectadas por la pandemia en cuanto a su salud y a la falta de recursos económicos”, indicó el Defensor del Pueblo.
Para la Defensoría, se requiere formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas de menores de edad y de sus familiares y/o cuidadores. Así mismo, ampliar la oferta de oportunidades desde la legalidad que les permita generar proyectos de vida posibles y adecuados a sus expectativas, de manera que perciban más y mejores condiciones de protección contra las amenazas de los grupos armados ilegales.
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