* La Sala de Primera Instancia determinó que la competente para procesos contra congresistas elegidos es la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá DC | La Corte Suprema de Justicia reiteró que el fuero constitucional para los congresistas se activa desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) expide la credencial que los reconoce como elegidos para ocupar esos cargos, y no cuando se posesionan para comenzar el ejercicio de sus funciones.
La Sala de Primera Instancia recordó lo dicho por la Sala de Casación Penal en una providencia del 2019 en la que señaló que “el fuero constitucional es una garantía procesal que pretende amparar la investidura de congresista más que al servidor público como tal”. Es por esto que “la condición de aforado constitucional se adquiere luego de la referida acreditación y no de la posesión entendida como una diligencia de solemnidad”.
La Sala hizo esta aclaración en medio del proceso que se sigue contra el representante Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, por hechos cuando fue gobernador del Chocó, así como contra Francisco Abraham Palacios Mena y Efrén Palacios Serna, también exmandatarios de ese departamento.
En calidad de exgobernadores, la Fiscalía General de la Nacional presentó escrito de acusación en su contra bajo la Ley 906 del 2004, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por omisión por hechos relacionados con un contrato de obra del 13 de septiembre del 2013 y el de interventoría del 17 de julio del 2013, para la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó-Provincia del San Juan Istmina.
En una audiencia pasada, el defensor de Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera manifestó ante la Sala de Primera Instancia que su cliente fue elegido como Representante a la Cámara por el departamento del Chocó, para la legislatura que inicia el próximo 20 de julio. Por ese fuero constitucional, el defensor señaló que el juicio en su contra debía adelantarse por los lineamientos de la Ley 600 de 2000 y no bajo la Ley 906 de 2004 bajo la cual se estaba llevando.
Para acreditar esa calidad de congresista, exhibió la credencial emitida por el Consejo Nacional Electoral con fecha del 20 de marzo del 2022 en la cual se expone que Palacios Mosquera fue elegido como Representante a la Cámara por el Chocó para el periodo 2022-2026, por el partido Liberal.
Tras evaluar los argumentos de la defensa, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón, determinando que Palacios Mosquera sí ostenta en la actualidad la calidad de aforado constitucional pues, aunque no se ha realizado el acto solemne de posesión como congresista, adquirió dicho fuero desde el momento en que el CNE expidió su credencial como representante.
De otro lado, la Sala también recordó que en los casos en los que un proceso se venía adelantando por la Ley 906 del 2004 contra personas que no tenían el fuero de congresistas, y posteriormente en el curso del proceso adquieren esa condición, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que lo procedente es adecuar el procedimiento a los parámetros de la Ley 600 del 2000, sin que esto implique que se anule lo actuado bajo el anterior sistema procesal.
También señaló en la providencia que, en situaciones similares, la Sala de Primera Instancia ha determinado que el trámite debe continuar en la etapa en la que se encuentra el proceso, bajo el entendido de que no resulta viable retrotraer la actuación a estadios ya superados.
Sin embargo, en el caso puntual de Palacios Mosquera, si bien ya se presentó en su contra escrito de acusación, la audiencia de formulación de acusación no se ha podido desarrollar ya que se han tenido que resolver asuntos relacionados con el reconocimiento de presuntas víctimas.
Es por esto que, al ser reconocido su fuero, la Sala determinó que la competente para continuar el curso de las actuaciones contra el exgobernador es la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues es quien tiene la competencia de investigar y acusar a los congresistas.
“Así las cosas, la competencia para continuar el curso de las actuaciones bajo los lineamientos procesales de la Ley 600 de 2000, radica en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que deberá asumir el conocimiento del proceso que se surte en contra de Jhoany Carlos Alberto Mosquera Palacios, siendo importante destacar que el proceso de adecuación implica que no haya incidencia del estado de la actuación tramitada bajo la Ley 906 de 2004, esto es, debe proseguirse en el estanco equivalente al de la Ley 600 de 2000”, señala el auto.
Por lo tanto, la Sala de Primera Instancia decidió continuar con la audiencia de formulación de acusación respecto de los exgobernadores Francisco Abraham Palacios Mena y Efrén Palacios Serna, y remitió las actuaciones contra Palacios Mosquera a la Sala Especial de Instrucción para que continúe el proceso en la etapa equivalente a la que se encontraba.
Comments