Bogotá DC | Los cambios en el liderazgo del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Colombia, las continuas alertas sobre problemas en su implementación y la violencia criminal generan dudas sobre el futuro de la iniciativa, revela informe de InSight Crime, suscrito por las periodistas Alicia Flórez y Sara García.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos en Colombia (PNIS) hace parte del acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Colombia y las Farc-EP en 2016, con el objetivo de reducir, a través de la sustitución, la cantidad de cultivos de coca en el país, y privar a los grupos criminales de la materia prima necesaria para la producción de cocaína.
Según el informe, "la falta de implementación también ha deteriorado la relación del gobierno de Petro con las comunidades en zonas cocaleras, y ha dejado a las comunidades en zonas cocaleras vulnerables ante el crimen organizado. Los cultivadores de coca, en los departamentos de Norte de Santander y Córdoba, anunciaron que saldrán a paro por los incumplimientos en el programa de sustitución y las familias que firmaron acuerdos de sustitución continúan exigiendo respuestas".
De acuerdo con InSight Crime, la estrategia de la política de drogas del Gobierno Nacional "consiste en ejecutar el programa, y enviar una señal a las comunidades de su voluntad de cumplir con lo pactado. La ejecución del programa consiste en cumplir con los pagos de 36 millones de pesos a las familias que se habían vinculado".
La actual política de drogas ha planteado un cambio estructural respecto a la lucha contra el narcotráfico en el país, pero el futuro de la sustitución es poco claro, afirman en la nota.
Consideran que, "aunque la política se enfoca la persecución de las redes de tráfico internacional de cocaína y no en perseguir a los pequeños cultivadores de coca, también se ha distanciado del enfoque de la sustitución. Según el gobierno, estos programas se han enfocado en acuerdos de corta duración, dejando de lado aspectos estructurales claves para atender la dependencia de ciertos territorios a economías ilícitas".
La creación de economías alternativas es una oportunidad importante. Un miembro de la cooperación internacional —que habló con InSight Crime en condición de anonimato por no estar autorizado a comentar sobre el tema— mencionó que más allá de sustituir un cultivo por otro, las estrategias pueden enfocarse en sustituir economías ilegales por economías legales, lo que puede traducirse en impulsar oportunidades económicas más allá del agro.
En conclusión, "si el Estado no logra sustituir una economía por otra, ese vacío seguirá siendo llenado por grupos criminales y economías ilegales. Esto es algo que ya se está dando en algunos territorios cocaleros donde, ante la baja en los precios de la coca, los cultivadores han migrado a la minería ilegal".
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