LEGITIMIDAD JUDICIAL: ¿QUÉ HACER CUANDO SE HA PERDIDO?

* Este desastre se tornará más complejo, si en el proceso existen menores de edad involucrados.

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”.

Platón

Un tribunal representa la última esperanza que tenemos para solucionar nuestras problemáticas. Cuando recurrimos a esta instancia, es porque ya hemos transitado por múltiples intentos fallidos de resolución de conflictos y en nuestra desesperación, decidimos confiar en un sistema preestablecido que promete ser imparcial, expedito y justo.

Se requiere valor para ceder el control sobre nuestros problemas, para desnudar nuestra privacidad y dejar en manos de terceras personas, la búsqueda de una respuesta a nuestras necesidades.

¿Por qué confiamos de una manera tan abierta? Tal vez, porque reconocemos la necesidad de apegarnos a las reglas de un contrato social, en donde las leyes nos dicen que es necesario contar con órganos que mantengan un orden en la convivencia diaria. A lo mejor, porque damos por hecho que el funcionariado a quien se le encomienda esta misión, se integra por los profesionales más preparados de nuestra sociedad y los más cercanos a la rectitud.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando no es así? Cuando comenzamos a observar con duda el curso que toma el proceso legal e identificamos indicios de parcialidad, estancamiento en los trámites, falta de cercanía y sensibilidad de quienes tienen ahora, la capacidad para decidir sobre temas de interés y trascendencia, que nos causarán un impacto a nivel personal, familiar, económico, laboral o social.

Sin duda, se harán presentes emociones tan negativas como la rabia, la desesperanza, la frustración y el desánimo. El problema inicial, terminará por agravarse más e irá creciendo negativamente con cada actuación. Vendrán las inconformidades, la interposición exagerada de recursos, que lejos de aportar soluciones de fondo, propiciarán una espiral superficial y sin fin.

Esta lucha innecesaria, traerá consigo un desgaste emocional y económico, generará pérdida de tiempo, violencia institucional, victimizaciones secundarias, separación y distanciamiento entre los actores involucrados, incluyendo al propio tribunal, porque ante su imposibilidad e incompetencia para conservar la confianza de sus justiciables, habrá perdido lo más importante: su legitimidad y el respeto de la ciudadanía.

Mantenerse libre de influencias de terceros, desprenderse de la arrogancia como trampa del poder, conservar la humildad y la congruencia.

Este desastre se tornará más complejo, si en el proceso existen menores de edad involucrados, pues serán las víctimas que recibirán mayores afectaciones, al permanecer abandonados en un campo de batalla, sin armaduras, ni escudos, en donde todos pelean por defender su postura y nadie hace nada para protegerlos.

Las sentencias que emita un tribunal inmerso en este tipo de situaciones, carecerán de valor y efectividad, difícilmente quedarán firmes en una primera instancia, pues lejos de ser justas, se considerarán impositivas y darán pie a la apertura de otro tipo de procesos, ya sea por la interposición de apelaciones, amparos o acciones de tutela, o bien, por la interposición de incidentes, solicitudes de ejecución obligatoria o incluso, por la comisión de delitos que genera la resistencia de acatarlas.

Ante ello, se podría decir que en un proceso jurisdiccional -a diferencia de los acuerdos celebrados a través de mecanismos alternos de solución de controversias, en donde se prioriza la premisa ganar-ganar- la mayoría de las veces, una de las partes involucradas, quedará inconforme, al no verse beneficiada y que un juzgado, no se instituye para cumplir caprichos.

El segundo punto es irrefutable, el primero es un mito; pues las personas que deciden someterse a las reglas legales que rigen un procedimiento judicial, cuando observan que se les trata con igualdad y el juez o jueza realizan una adecuada fundamentación y motivación de sus determinaciones, terminan conformes a pesar de que el resultado final no beneficie sus pretensiones o excepciones.

¿Qué hacer para no enfrentarnos a un panorama tan desalentador? Por parte de quienes ocupan la titularidad de un juzgado, será importante recordar la trascendencia de sus atribuciones, el privilegio y responsabilidad que implica tener en sus manos el poder para decidir sobre aspectos tan importantes como la vida, la libertad, el patrimonio y la familia de las personas que se someten a su jurisdicción.

Reforzar diariamente la práctica de valores, revisar la ética del personal a su cargo, abstenerse de incurrir en prácticas de corrupción, mantener una cercanía con sus usuarias y usuarios, difundir los medios y recursos, a través de los cuales, se pueden cuestionar sus resoluciones.

Deberá mantener una capacitación y actualización constante, observar en su actuar, mínimamente, el respeto por los derechos humanos, el principio de interés superior de la niñez, observar la perspectiva de género, un enfoque restaurador y victimológico.

Tendrá que realizar un esfuerzo, por mantenerse libre de influencias de terceros, desprenderse de la arrogancia como trampa del poder, conservar la humildad y la congruencia, aplicar el sentido común, apelar a su sensibilidad, empatía y humanidad.

Requiere mantener una coordinación constante con otras instituciones que le ayuden a allegarse de la mayor cantidad de elementos, a fin de conocer el contexto de la problemática y contar con un panorama amplio, cercano a la verdad, que será útil en la toma de decisiones. Y lo más importante, recordar que la justicia retardada, no puede considerarse como tal; por ello, se requiere mantener un equilibrio entre la rapidez, la legalidad y la calidad.

¿Y los justiciables o profesionales de la abogacía? ¿Cómo deben actuar? Lo principal es no caer en el desánimo o en la resignación de la impunidad, la única batalla pérdida, es aquella que se abandona. Lo ideal es centrarse en el impulso procesal, fortaleciendo su expediente con la mayor cantidad de pruebas y argumentos que favorezcan su postura.

Debemos recordar que toda persona que forma parte del funcionariado público, cuenta con un superior jerárquico y su trabajo es susceptible de revisión; que la primera instancia, no es definitiva y toda institución cuenta con un órgano de control interno, al que podemos acudir para denunciar las malas prácticas. Sin pasar por alto que como recurso paralelo, siempre contaremos con la influencia política y social de los medios de comunicación, como mecanismo para limitar el poder excesivo del Estado.

Como última opción y bajo un enfoque más idealista, contamos con la certeza y consuelo de que nadie puede huir de la voz de su propia consciencia. ¿Ustedes ya echaron un ojo al sistema de justicia de su entorno? Si es así, espero que se trate de una mirada alentadora y no tengan que sacrificarlo, frente al deseo irónico de retornar a la ley del talión.