* "Resoluciones CREG no reducirán tarifas porque mantienen reconocimiento de pérdidas por fraude".
Bogotá DC | Cámaras de comercio y gremios de la región Caribe sostienen que el artículo 126 de la Ley 142 facilita el desmonte del régimen mediante el cual se disparó el incremento de las tarifas de energía eléctrica.
Al respecto, cámaras de comercio y gremios expidieron un comunicado alertando sobre lo que puede generarse, ya que el esquema tarifario "se basa en el costo de servicio y altas tarifas para garantizar la sostenibilidad de los operadores de red".
COMUNICADO
Ante la crisis social y económica que sufre la región Caribe por el incremento desmedido de las tarifas de energía eléctrica, las cámaras de comercio y los gremios de la región expresan:
El alto costo de la energía eléctrica en la región Caribe se debe a decisiones regulatorias establecidas en las resoluciones CREG 010 de 2020, CREG 188 de 2020 y CREG 024 de 2021.
El modelo creado por el esquema singular y temporal definido por la CREG para la región Caribe le reconoce a los operadores de red las pérdidas por fraude, con lo cual se aparta del criterio de eficiencia establecido en la Ley 142 de 1994 para definir la fórmula de fijación de las tarifas, tal como lo advierte el reciente estudio de Fundesarrollo y Frontier Economics.
Dicho esquema se basa en el costo de servicio y altas tarifas para garantizar la sostenibilidad de los operadores de red. Ello incluyó aplicar cargos retrospectivos cobrados desde el momento de su solicitud y no, como es natural, al momento de su aprobación, con lo cual se viola el derecho de los consumidores de conocer el valor del servicio al momento de usarlo. Además, las inversiones se reconocen desde la aprobación del plan respectivo y no desde su materialización, lo que hace que su financiación la asuman los usuarios anticipadamente con alzas en las tarifas.
Aunque, como dice el citado estudio, los operadores de red deben recuperar las inversiones mediante incrementos tarifarios, era necesario primero mejorar la calidad del servicio, con financiación del Estado o de los nuevos operadores, y bajar las pérdidas antes de aplicar las alzas en el costo del servicio.
Las resoluciones más recientemente divulgadas por la CREG no redundarán en la reducción de tarifas en el Caribe porque mantienen el reconocimiento de las pérdidas por fraude, el componente que más pesa en el aumento del costo del servicio en esta región. Se limitan a diferir en el tiempo una fracción de las alzas, que finalmente los usuarios pagaremos con intereses. Desconocen con ello la responsabilidad del Estado en la crisis que sufre la región Caribe al no haber ejercido una adecuada supervisión del sistema para que se modernizara la infraestructura de distribución, no haber intervenido a tiempo a Electricaribe, y haber prolongado este proceso.
Las alzas desmedidas en las tarifas serán mayores a partir de enero de 2023, cuando los usuarios vuelvan a pagar el costo pleno del servicio más la financiación de la reducción que se aplicó para los últimos meses de 2022. Ello con el agravante de que, como se proyecta, también subirá el costo de generación por la reducción de los embalses de las hidroeléctricas debido a la temporada de clima seco, y se incrementará el precio del gas utilizado por las termoeléctricas, por coyunturas internacionales.
El régimen especial establecido por la CREG para la región Caribe se puede desmontar haciendo uso del artículo 126 de la Ley 142, el cual establece que “Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas… Excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa…”.
Las disposiciones dirigidas a las plantas de tecnología de ciclo combinado a gas (capacidad eficiente instalada principalmente en la región Caribe), tendrán como consecuencia un incremento en los costos de prestación del servicio al llevarlas a operar ineficientemente. Ello implica incrementar los costos de producción de energía, y entre otros efectos, comprometerán la calidad y confiabilidad del servicio en la región al deteriorar la flexibilidad y seguridad que esta tecnología aporta a la operación del sistema del Caribe ante las deficiencias existentes en la red de transmisión y distribución local.
La sostenibilidad del modelo de gestión y el modelo regulatorio está en entredicho por los cambios que se han aplicado en ellos, dadas las alzas tarifarias que superan la capacidad de pago de los usuarios y los efectos que éstas tienen sobre la economía y la población de la región Caribe, como bien lo destaca el estudio de Fundesarrollo y Frontier Economics.
El mayor costo unitario de la energía afecta la productividad de las empresas de la región Caribe, y comienza a provocar el aplazamiento o el éxodo de sus programas de expansión y de contratación de personal, y el freno de nuevas inversiones.
Los incrementos en el costo de este servicio impactan en mayor medida a los hogares vulnerables, empobrecen aún más a la población del Caribe porque condicionan las decisiones de consumo, y están incubando una crisis social.
Las cámaras de comercio y los gremios de la región ratificamos nuestro compromiso de seguir buscando con el sector público, en sus diferentes niveles, estrategias y soluciones efectivas a la situación generada por el alza excesiva en las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe, y le reiteramos al Gobierno nacional la necesidad de analizarla en detalle y con una visión integral, de manera que entienda sus causas y su real dimensión, para que con base en ello tome las decisiones que lleven al cumplimiento de dicho objetivo.
Manuel Fernández, presidente ejecutivo, Cámara de Comercio de Barranquilla.
Álvaro Romerp, presidente ejecutivo, Cámara de Comercio de Guajira.
Jennifer Yepes, presidenta ejecutiva, Cámara de Comercio de San Andrés.
Silvia Medina, presidenta ejecutiva, Cámara de Comercio de Santa Marta.
Hermán García, presidente ejecutivo, Cámara de Comercio de Sincelejo.
José Luís Urón, presidente ejecutivo, Cámara de Comercio de Valledupar.
Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo, Comité Intergremial del Atlántico.
Lily Mendoza, presidenta, Comité Intergremial del Cesar.
Javier Quintero, presidente, Comité Intergremial del Magdalena.
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