* La paz no es resultado de intenciones o sueños.
“O caminamos todos juntos hacia la paz,
o nunca la encontraremos”.
Benjamín Franklin
La paz no es resultado de intenciones o sueños. Construir la paz en una nación, como la colombiana —que ha enfrentado durante más de seis décadas el flagelo del conflicto armado— exige del compromiso de los firmantes del Acuerdo de Paz: el Gobierno Nacional y los miembros desmovilizados de las Farc-EP, y, por supuesto, de la ciudadanía. Más ahora, cuando el Gobierno presidido por Gustavo Petro ha propuesto el reto de lograr a ‘Paz Total’ con todos los grupos armados al margen de la ley.
Los resultados obtenidos en desarrollo de la investigación adelantada —entre 2019 y 2020— para el trabajo final de la Maestría en Gestión y Mediación de Conflictos (Universidad Internacional de Valencia, VIU) evidencian que —durante los diálogos— la ciudadanía colombiana se mostró apática para participar proactivamente en la definición del destino del país y la construcción de escenarios posibles de paz.
185 personas (51,38 por ciento) de las 360 encuestadas afirmaron que no habían conocido los avances y desarrollo del proceso de mediación iniciado en 2012 y culminado con el Acuerdo suscrito en 2016. Es decir, no supieron qué se había negociado, qué se había aprobado y cómo se había realizado el proceso con intervención de facilitadores y garantes internacionales. 134 (37,22 por ciento) dijeron que sí se habían enterado, y 41 personas (11,38 por ciento) prefirieron no contestar.
Aun cuando el 51,38 por ciento de las personas consultadas no sabía qué se había negociado, el 71,94 por ciento contestó que si había sabido de la presencia de acompañantes, facilitadores y garantes internacionales en el proceso de diálogo; el 74,45 por ciento consideró conveniente la presencia de mediadores internacionales en los procesos de paz intraestatales, y el 74,02 por ciento pensó que los terceros internacionales habían sido neutrales, facilitando el diálogo entre los delegados del Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc-EP. Así mismo, el estudio revela que las personas encuestadas estuvieron a favor de buscar una solución alternativa y pacífica a los conflictos: el 68,61 por ciento estuvo de acuerdo con lograr soluciones a través de consensos.
Sin embargo, el distanciamiento del deber-ser ciudadano —en un Estado Social de Derecho como el colombiano— se constata con las respuestas a la pregunta si el resultado del Acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc-EP pudiese haber sido diferente de haber participado. 220 personas respondieron que no, aun cuando el 89,16 por ciento afirmó saber en qué consistía el derecho de participación ciudadana. Participar se muestra como un derecho abstracto delegado a hombres y mujeres que representen movimientos, colectivos o grupos significativos de ciudadanos, pero no es asumido en el plano personal.
Es decir, deberían ser otras las personas que pudiesen intervenir en la toma de decisiones respecto de asuntos esenciales. Al preguntarles si estaban de acuerdo de que en futuros diálogos pudiesen participar representantes de movimientos políticos, gremiales o sociales —como los de mujeres, LGTBIQ+, sindicales, iglesias, estudiantes o víctimas del Estado o de organizaciones armadas ilegales—, las respuestas mayoritarias se manifestaron a favor de tales participaciones para fortalecer las eventuales mesas de diálogo en busca de proponer soluciones a las diferencias que generaron los conflictos existentes. Una de las conclusiones de la investigación adelantada es que la ciudadanía colombiana cree en la pertinencia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, piensa que la mejor fórmula para solucionarlos es a través del consenso, aun cuando no espera participar activamente en la búsqueda de soluciones.
Los resultados evidencian que la ciudadanía no estuvo al tanto de los avances del proceso de diálogo entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP.
La investigación probó la existencia de problemas de participación ciudadana en desarrollo del proceso de mediación internacional entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc-EP, que incidieron tanto en la concertación del Acuerdo de Paz como en su posterior implementación. El resultado demuestra que se registró ínfima participación de la ciudadanía en desarrollo del proceso de paz, que la ciudadanía permaneció al margen de los acontecimientos propios del proceso de mediación internacional que se realizaba ante la escasa difusión informativa relacionada con el temario tratado por las partes en los diálogos, mientras que sectores de oposición promovieron desde los inicios de los diálogos el rechazo a lo que se estaba negociando (sin conocer qué era lo que debatían en La Habana).
Igualmente, los resultados evidencian que la ciudadanía no estuvo al tanto de los avances del proceso de diálogo entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP, ni ejerció efectiva presión social —con el paso de los años— para impulsar la implementación de lo acordado.
Consultar o no a la ciudadanía en torno a las decisiones clave del Estado, como lo es un proceso de paz que permita dar terminación a un conflicto armado —y, sobre todo, tenerla en cuenta al momento de adoptarlas— parecería una utopía, pero no lo es en la medida que la Constitución Política de Colombia establece, en el artículo 40, que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, y en el artículo 103 reconoce como mecanismos de participación “el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.
Así mismo, este artículo obliga al Estado a contribuir “a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.
Reconozco que, entre las limitaciones enfrentadas al momento de realizar la investigación, se pueden mencionar la falta de textos relacionados con la participación ciudadana en desarrollo de procesos de paz; sumada a las dificultades generadas por las cuarentenas decretadas en Colombia a causa de la pandemia por el Covid-19. Ello dificultó la realización de reuniones focales presenciales (Focus Group) durante las cuales se pudiese explorar la profundización de las respuestas obtenidas.
Recomendaciones
1. La participación ciudadana debe ser promovida por el Ministerio del Interior de Colombia, y ser tenida en cuenta como elemento clave de la gobernanza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Para efectos futuros, se considera clave incentivar la Participación Ciudadana en desarrollo de etapas de premediación y mediación internacional en procesos para buscar solución a conflictos armados, como fórmula indispensable para lograr acuerdos de paz estables y duraderos en el territorio de Colombia. Para ello se podrían tener en cuenta las herramientas que ofrece el mecanismo de la Mediación Comunitaria.
2. El Gobierno de Colombia, con el acompañamiento de países facilitadores, suscribió un Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP, sometido a verificación por los países garantes y Naciones Unidas, cuya implementación está sujeta a la voluntad política del Gobierno de turno. En consecuencia, debe apoyar la labor de verificación.
3. Teniendo en cuenta que la ciudadanía consultada respalda mayoritariamente el mecanismo con intervención de terceros neutrales e imparciales, le recomiendo al Ministerio de Justicia fortalecer legalmente el mecanismo alternativo de solución de conflictos de la Mediación, cuyas herramientas son idóneas para la prevención y solución de conflictos sociales.
4. Al Gobierno Nacional, en particular al Presidente de la República, le recomiendo incentivar la participación ciudadana con el acompañamiento de facilitadores y garantes internacionales en futuros procesos de mediación entre el Gobierno Nacional y una organización alzada en armas.
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