VERDADES Y MENTIRAS SOBRE LAS EPS Y LA LEY 100

* La Ley 100 es una perversa figura legal montada para monopolizar y comercializar la salud en Colombia. ¡No es más que eso!

Hoy escribo motivado por un tweet publicado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez el siete de julio del año en curso. Un trino que no puedo borrar de mi mente.

AUV: “Las buenas EPS no son intermediarias, son aseguradoras, tarea ajena a los hospitales o prestadores del servicio”.

Las “buenas EPS” son como algunos de los “buenos muchachos”.

Actualmente, todas las EPS son intermediarias, porque no cumplen con las exigencias de la ley para ser “aseguradoras en salud”.

Dice la Ley 100, artículo 177, define: “Las Entidades Promotoras de Salud son las entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de que trata el título III de la presente Ley”.

Y, la Ley 1122 de 2007 establece: “Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento”

Se entiende por ‘aseguramiento en salud’: La administración del riesgo financiero en salud pública “consiste en la probabilidad de que los gastos por evento de salud de sus afiliados superen los ingresos que reciben por cada uno de los usuarios, es decir, la denominada unidad de pago por capitación (UPC)”.

Cien EPS o más que no han logrado cumplir con este punto han sido liquidadas y han eludido la responsabilidad, con la complicidad de los entes de control y de los gobiernos de turno. Ante las pérdidas económicas, que se traducen en altas sumas de dinero que el Estado termina pagando DOS veces -una a la EPS que recibió el dinero (por medio de la UPC) pero lo invirtió indebidamente; y el segundo pago que hace el Estado a través del liquidador de turno de cada EPS y a los proveedores que les quedó debiendo dinero la EPS liquidada.

¡Gran atrocidad!

¡Eso no es ser aseguradora! ninguna EPS liquidada o existente ha tenido o tiene algún seguro que responda por los daños que causa o ha causado al sistema de salud.

Son, realmente, administradoras de recursos de las cotizaciones al sistema de salud.

Por ello, el trino del expresidente no es totalmente cierto cuando afirma: que cumplen “tarea ajena a los hospitales o prestadores del servicio”.

Eso es cierto, porque son Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), ya que cualquier prestador de salud es considerado una IPS: un médico, un odontólogo, un centro de atención en Salud, un laboratorio clínico, una clínica o un hospital.

Nada que ver con el tema EPS.

AUV dice: “La corrupción de la mermelada anterior quebró a muchas”.

Muy válido este aparte. Ahí acepta que, probablemente, durante sus dos períodos presidenciales y en los subsiguientes gobiernos hubo mermelada y corrupción.

AUV agrega: “Este gobierno ha eliminado a aquellas que incumplían sus deberes”.

Ahí, obviamente, se refiere del gobierno de Iván Duque.

Todas las EPS que califica de “eliminadas”, supongo, son aquellas que fueron “liquidadas” por malos manejos, dejando gigantescas deudas.

Los liquidadores asignados por Superslud para cada EPS se enriquecieron con el dinero de los pagos.

Se sospechan muchos movimientos ilícitos al interior de esos cierres de EPS y, también, en los traslados obligados de los usuarios a otras EPS activas con un término de permanencia inamovible de tres meses de la EPS a la que fue trasladado inconsultamente, violando “la libre escogencia” que pregona la Ley 100.

Ninguna EPS liquidada o existente ha tenido o tiene algún seguro que responda por los daños que causa o ha causado al sistema de salud.

Como ejemplo, cito el caso de Coomeva EPS, que dejó una cifra cercana a los cuatro billones de pesos en deudas con sus proveedores. Cabe preguntar, ¿por qué, siendo el Grupo Coomeva una cooperativa que tiene entre sus empresas un banco (Bancoomeva) -que es el accionista mayoritario de la EPS-, el Gobierno no lo obliga a responder por esas pérdidas?

¿Por qué las asume el Estado, siendo que este realizó los pagos respectivos correspondientes al valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) antes de la liquidación de la EPS?

¿Qué se hicieron los cuatro billones que recibió Coomeva EPS del Estado?¿En qué lo gastaron?La Supersalud del Gobierno 2018-2022 ¿desconocía esa situación? ¿Fue ocultada la verdadera deuda por COOMEVA EPS por parte de las autoridades de salud?

El Ministerio de Salud, el ministro Fernando Ruiz Gómez y la Superintendencia de Salud (encargada de la Inspección, Vigilancia y Control) ¿desconocían las enormes sumas de dinero que adeudaba Coomeva EPS o fueron permisivos con esa EPS?

Gobiernos permisivos, alcahuetas y corruptos.

Faltaron claras y serias explicaciones de los diferentes gobiernos pasados, que esperamos sean entregadas a la población por el actual Gobierno.

Para finalizar, considero -basado en mi experiencia- que no ha existido, desde el inicio de la Ley 100, una sola EPS que cumpla debidamente con el 100% de lo que se le ordena en dicha Ley.